Una millonaria estafa fue denunciada por al menos 100 personas por parte de una mujer que se hizo pasar como funcionaria de la Gobernación del Atlántico para vincularlas al programa Ingreso Solidario, dispuesto por el Gobierno Nacional para apoyar económicamente a las familias en condición de pobreza, pobreza extrema y de vulnerabilidad, para mitigar los impactos causados por la pandemia del Covid-19.

La historia inició en el barrio Santo Domingo, al sur de Barranquilla, cuando a una mujer caracterizada por sus obras sociales y particularmente en favor de los niños, un viejo amigo le presentó y recomendó a su hija, identificada como Yuranis María Cabarcas Escobar, quien de inmediato le propuso la creación de una fundación para la generación de fondos.

Adicionalmente, le propuso la apertura de cuentas en el Banco Davivienda para canalizar recursos para los niños, para lo cual requirió una serie de datos, documentos y huellas.

Para ganarse la confianza de sus potenciales víctimas, insistió en que fungía como funcionaria de la Gobernación, mostraba un carnet como tal y una carta que ‘certificaba’ que se encontraba vinculada en el manejo del programa Ingreso Solidario.

A lo anterior, agregó que también estaba trabajando con una Edil en el proyecto ‘Por un Atlántico libre de infecciones’, para lo cual buscaba jóvenes con perfiles académicos relacionados con las áreas de la salud, contable, asistentes administrativos, auxiliares de enfermería, salud ocupacional e Ingeniería Química.

Con este falso panorama logró que por lo menos 30 personas del barrio Santo Domingo emprendieran los trámites para acceder a la ‘bancarización’, procediendo a la apertura de cuentas en el Banco Davivienda.

Enseguida manifestó que si tenían otros familiares y amigos para vincularlos ‘al programa’, ante lo cual le recomendaron a un grupo de personas residentes en el barrio San Roque de Barranquilla. 56 en total, realizando el mismo ‘modus operandi’ de trámites y la apertura de cuentas en Davivienda, sucursal de la calle Murillo con carrera 38.

Diego José Soto Vásquez, uno de los afectados, en diálogo con Zona Cero precisó que personalmente ella se encargaba de recoger la documentación requerida en cada una de las casas de los supuestos beneficiarios, pero con un detalle en especial: nunca les entregó las tarjetas de Davivienda argumentando que como los trámites eran virtuales había que esperar el envío de las mismas a los respectivos domicilios.

Con los jóvenes inscritos se comunicó personalmente para exigirles la suma de 50 mil pesos para un supuesto seminario titulado “Proyecto y Calidad” que serviría como preámbulo o inducción para la temática y finalidad del programa ‘Por un Atlántico libre de infecciones’.

El 12 de diciembre del año pasado la mujer convocó al grupo de jóvenes al edificio del Centro Médico Continental, localizado en la calle 80 con carrera 49C, al norte de Barranquilla, a una reunión en la que presuntamente asistiría una Edil que lideraría el proyecto, pero les exigió que tenían que ir bien vestidos. Ante la necesidad del empleo los jóvenes no tuvieron otra alternativa que comprar ropa nueva para ir bien presentados.

Sin embargo, ya en la puerta del edificio le manifestó al grupo que no podían ingresar porque carecían de carnets del proyecto, además que la ‘líder’ se encontraba enferma y no podía atenderlos.

Luego, por Whatsapp les dijo que la reunión estaba pendiente para otro día, pero terminó el mes de diciembre y la misma nunca se cumplió.

Posteriormente, el 7 de enero les escribió nuevamente por Whatsapp para decirles que ya los estaba afiliando a la ARL, tramitando los carnets y coordinando la reunión con la supuesta ‘líder’.

En ese momento, comenzaron a sospechar de la situación, debido a tantos aplazamientos y excusas, porque las tarjetas de Davivienda no llegaban a sus domicilios y ella les insistía en que había que esperar.

Para el 15 de enero de este año volvió a citar a los jóvenes al mismo edificio y otra vez los dejó plantados en la puerta, argumentando que aún no estaban listos los carnets y la ‘líder’ estaba de luto porque se le había muerto la mamá y además había resultado positiva para Covid-19.

Realmente, la mujer utilizó el nombre de una Edil de Barranquilla, con su primer nombre y su primer apellido, pero cambió el segundo apellido, diciendo que trabajaba con ella en proyectos de la Alcaldía de Barranquilla.

Esta situación motivó a los jóvenes a rastrear la identificación de la Edil y encontraron una persona con las mismas características de las que ella les describía, pero con un segundo apellido diferente.

Lograron contactarla, le explicaron lo que estaba sucediendo y la Edil les manifestó que conoció a Yuranis Cabarcas durante 2 días cuando trabajó en su campaña y en adelante no supo más nada de su paradero, ni estaba trabajando en ningún proyecto con ella.

La verdadera actividad de esta hábil mujer quedó al descubierto cuando una de las personas ‘bancarizadas’ en el barrio Santo Domingo se acercó a Davivienda para averiguar sobre su tarjeta.

Tamaña sorpresa se llevó cuando le respondieron que la tarjeta se le habían enviado a su casa y que tenía un crédito aprobado por 17 millones de pesos. Otras personas hicieron lo mismo y la respuesta fue que también les habían aprobado créditos de 5 y 10 millones de pesos.

Lo grave del caso es que el dinero se esfumó de las cuentas.

En esencia, “pedía huellas, números de cédula, números de celulares, entre otras cosas, esto con la finalidad de sacar cuentas en Davivienda y luego chuzarlas”, aseguró Soto Vásquez.

“Todo esto lo hace con la intención de sacar préstamos a nombre de estos ciudadanos bancarizados por ella, y luego de tener aprobados dichos préstamos procede a retirar el dinero. Y cumplido su cometido, procede junto con otro personal de su equipo de estafadores, a enviar las tarjetas a las residencias de los ciudadanos, quienes no poseen información de lo que realmente está sucediendo. Con los jóvenes que logra reclutar para el desarrollo del supuesto proyecto, les hace especies de entrevistas y pruebas psicotécnicas en sus lugares de residencia, tomando por excusa que dichas pruebas serán en sus propios domicilios, por la situación actual que se vive en el planeta por la proliferación del virus Covid-19”, recalcó.

Aún así, a sabiendas ya de la realidad de los hechos, los jóvenes la siguieron llamando para averiguar y así poder establecer qué nueva excusa tendría.

Del mismo modo, reunieron los audios, chats y demás documentos y decidieron irse en grupo hasta su residencia, en el barrio Los Continentes de Barranquilla, con el acompañamiento de la Policía y la real Edil, cuyo nombre fue suplantado para armar la estafa, para encararla.

Allí, le dijeron, por ejemplo, que tenían aprobados créditos de 3 millones de pesos que ella misma retiraba con las tarjetas.

También le requirieron la devolución de los documentos que le fueron entregados y de los dineros invertidos por ellos durante los falsos trámites.

“Yo les devuelvo el dinero, pero no me boleteen”, fue lo único que les respondió.

Contra la mujer ya fueron interpuestas las acciones judiciales del caso, incluso por parte de la misma Edil cuya identidad fue suplantada.

“Nosotros queremos hacer pública esta denuncia para que la gente no siga siendo estafada o si ya lo fue para que denuncie ante las autoridades porque el número de afectados puede superar las 100 personas”, puntualizó Soto Vásquez.

De hecho, también conocieron que esta misma mujer ha utilizado otro modus operandi de estafa con programas ficticios de vivienda económica, en los que las víctimas han resultado afectadas con sumas que alcanzan los 2.5 millones de pesos.